AGENDA OSCURA: Senado aprueba ley que prohíbe aglomeraciones en espacios públicos y privados, con esto el gobierno puede reprimir las protestas ciudadanas y monopolizar quienes y cuando pueden realizar una actividad multitudinaria

SANTO DOMINGO.- En su sesión de este miércoles, los senadores aprobaron en primera lectura un proyecto de ley que regula la asistencia a actos masivos y
espectáculos públicos en el país; una iniciativa que sanciona la venta de boletas excesivas para todos los eventos.

En el proyecto, autoría del vicepresidente del Senado, Santiago Zorrilla, se argumenta que en las actividades masivas pueden generarse “situaciones riesgosas” por el cúmulo de personas, lo que puede agravarse si a dichos eventos se accede sin regulación y sin asientos previamente definidos y numerados.

Es por esto que cuatro artículos de esta ley aprobada por los senadores, buscan establecer la obligatoriedad de ventas de boletas con asientos ya numerados y boletas previamente registradas para que de esta forma, a los eventos artísticos y deportivos sólo pueda acceder una cantidad de personas que sea la misma cantidad de asientos que tiene el
lugar.

Asimismo, el artículo siete de la normativa, contempla que la prohibición de agregar nuevos asientos aparte de los ya existentes en los lugares donde se celebren los espectáculos y además, también se prohíbe la venta de boletas que no estén numeradas.

Para controlar estos aspectos, la nueva ley dispone que sea el Ministerio de Interior y Policía el que haga los estudios correspondientes para determinar el número de personas que pueden asistir a los lugares indicados, observando siempre la distancia y la seguridad personal.

En ese sentido, en un plazo de un año las entidades privadas y órganos del Estado que posean lugares destinados a actos masivos, deberán señalizar los asientos y enumerarlos,
en caso de que los mismos no estén organizados.

“Toda entidad que realice un acto masivo deberá rendir un informe sobre la asistencia a los eventos”, reza uno de los artículos que penaliza con 10 a 20 salarios mínimos la no información de los asistentes

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