La Procuradora General de la Rep煤blica, Miriam Germ谩n Brito, le quit贸 varios expedientes de presuntos actos de corrupci贸n a la fiscal del Distrito Nacional, alegando que los casos hab铆an sido remitidos a esa instancia “de manera segmentada y sin criterio definido”.
La jefa del Ministerio P煤blico solicit贸 a la fiscal titular Rosalba Ramos, el desapoderamiento y la devoluci贸n de los expedientes, incluyendo la denuncia de corrupci贸n contra funcionarios del Instituto Nacional de Atenci贸n Integral a la Primera Infancia (Inaipi) que presid铆a Berlinesa Franco, por violaci贸n a la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos, el de la denuncia de presuntas irregularidades en el Inaipi, que favoreci贸 a una empresa, hasta el momento desconocida, con una licitaci贸n valorada en 100 millones de pesos para la entrega de 40 mil kits de alimentos, cada uno valorados en 2,500 pesos.
Manifest贸 que decidi贸 quitarle los expedientes a la fiscal, como parte de una reingenier铆a enfocada en la transformaci贸n integral de las indagatorias y los procesos relativos a ese delito y que las denuncias se enviaron de forma discrecional al Distrito y sin seguir ning煤n par谩metro razonable que lo justificara.
Indic贸 que hab铆a pedido a la fiscal Ramos, mediante oficio del 25 de agosto, una lista de los casos de corrupci贸n que se encontraban en esa jurisdicci贸n y que luego otorg贸 un plazo de 48 horas para su remisi贸n ante la Procuradur铆a General, en donde lo asumir谩 junto a un equipo de su gesti贸n.
Se帽al贸 que los citados casos ameritan ser investigados siguiendo los mismos par谩metros objetivos elaborados por el Ministerio P煤blico que encabeza para que haya un procedimiento estandarizado.
“Las investigaciones de corrupci贸n requieren de una gesti贸n integral que permita disponer del capital humano y los recursos t茅cnicos indispensables para la persecuci贸n efectiva que demandan". En ese contexto, recuerda que “realizar los procesos de investigaci贸n en varias dependencias puede atentar contra el plazo razonable que se debe observar por mandato de la ley".
Deplor贸 que hasta el momento en Rep煤blica Dominicana los casos de corrupci贸n se hayan investigado y procesado siguiendo acciones aisladas y sin las herramientas necesarias para instrumentar los procesos a la altura de las acciones criminales complejas a las que pertenecen y que son propias del crimen organizado.
Otros expedientes
Adem谩s, el caso de corrupci贸n administrativa de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) que involucra a Manuel Rivas, Faustino Rosario, y compartes, as铆 como el del Consejo Estatal de Az煤car (CEA), encabezado por Pedro C茅sar Mota Pacheco y compartes.
Otro de los casos se basa en una denuncia de Somos Pueblos contra Jos茅 del Castillo, por la supuesta violaci贸n a la misma legislaci贸n.
Los expedientes incluyen las denuncias presentadas contra Ricardo Andr茅s Castillo Terrero por la supuesta violaci贸n a la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y la Ley 340 sobre Compras y Contrataciones del Estado, presentadas al Ministerio P煤blico el 14 de julio y el 20 junio por el abogado Guido G贸mez Mazara.
Tambi茅n, las presentadas por el mismo abogado, los d铆as 12 y 25 de mayo de este a帽o, as铆 como el 26 de junio, contra Gonzalo Castillo y Helidosa Aviation Group por supuesto enriquecimiento il铆cito y violaci贸n a la Ley 340.
El procedimiento se trata de una avocaci贸n que se ampara en las atribuciones que le confiere la Ley Org谩nica del Ministerio P煤blico (N煤m. 133-11, del 7 de junio de 2011), la cual en su art铆culo 30, inciso 10, le otorga al Procurador General de la Rep煤blica la atribuci贸n de “asumir, por s铆 mismo o a trav茅s de uno de sus adjuntos, cualquier proceso penal de acci贸n p煤blica que se promueva en el territorio nacional cuando lo juzgue conveniente al inter茅s p煤blico”.
“Esta avocaci贸n estar谩 precedida de un dictamen motivado al efecto y comporta el traslado la responsabilidad de la gesti贸n del caso, no pudiendo ser devuelto al Ministerio P煤blico originariamente apoderado”, dice el auto.
Germ谩n Brito plantea que el Ministerio P煤blico toma “todas las medidas necesarias” con el prop贸sito de “garantizar el cumplimiento efectivo de uno de los objetivos m谩s relevantes para el 贸rgano de investigaci贸n de la Rep煤blica Dominicana: perseguir con resultados eficientes los casos de corrupci贸n”.
Recuerda, en uno de su considerando, que la Convenci贸n de la Organizaci贸n de las Naciones Unidas (ONU) contra la Corrupci贸n define ese flagelo como “una plaga insidiosa que tiene un amplio espectro de consecuencias corrosivas para la sociedad”.
Cita a la ONU, adem谩s, en la aseveraci贸n de que la corrupci贸n “socava la democracia y el estado de derecho, da pie a violaciones de los derechos humanos, distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de vida y permite el florecimiento de la delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad humana”.
.png)
