Suprema Corte afirma que por «falta de ley» declin贸 caso Odebrecht

SANTO DOMINGO.- El Pleno de la Suprema Corte de Justicia dijo ayer que decidi贸 eliminar el arrastre a la jurisdicci贸n privilegiada en beneficio de cinco de los seis imputados por los sobornos pagados por Odebrecht en Rep煤blica Dominicana que no son funcionarios p煤blicos con calidad para que sus procesos se conozcan en la Alta Corte porque no existe texto normativo que autorice la alteraci贸n de las reglas de competencia, doble grado de jurisdicci贸n y el derecho al juez natural al que tiene derecho todo procesado.

Describi贸 que la tradici贸n que manten铆a esa instituci贸n en los casos de jurisdicci贸n privilegiada han sido inconstitucionales, arbitrarias, violatoria del debido proceso, de la competencia excepcional que tiene la SCJ, del derecho al juez natural y al doble grado de jurisdicci贸n. Para ese razonamiento, tom贸 como referencia la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del caso Barreto Leiva vs. Venezuela, donde la Corte IDH advirti贸 que, si la conexidad no est谩 reglada por la ley, ser铆a violatorio distraer al individuo del juez originalmente llamado a conocer el caso.

“En nuestra actual legislaci贸n no existe texto normativo alguno que autorice la alteraci贸n de las reglas de competencia y el derecho al juez natural, por lo que, hoy d铆a resulta inconstitucional, arbitrario y violatorio a las garant铆as m铆nimas del debido proceso, sustraer a un procesado penalmente de su jurisdicci贸n ordinaria y natural, previamente elegida por el legislador, para atraerlo a una jurisdicci贸n de excepci贸n como lo es la Suprema Corte de Justicia. Se tratar铆a de admitir pretorianamente la fusi贸n de una competencia constitucional y una competencia legal”, dijo el Pleno.

En el fallo que cuenta con el voto disidente de cinco magistrados, se estableci贸 que la alteraci贸n del derecho al juez natural solo es admisible si est谩 expresamente autorizado y regulado por la ley, m谩xime cuando, como en el caso Odebrecht, la sustracci贸n la ha decidido de antemano y unilateralmente la Procuradur铆a General de la Rep煤blica al introducir el proceso ya fusionado, el cual, en tanto es parte del proceso “no tiene facultad para alterar a su elecci贸n las reglas de competencia”.

Al decidir solo dejar al senador Tommy Gal谩n Grull贸n en la C谩mara Penal de la Suprema y enviar al Distrito Nacional a 脕ngel Rond贸n Rijo, V铆ctor D铆az R煤a, Andr茅s Bautista Garc铆a, Roberto Rodr铆guez Hern谩ndez y Conrado Pittaluga, los jueces dijeron que como los privilegios constitucionales y procesales no resultan extensibles a quienes no lo tienen, el proceso no debe detenerse con respecto a coimputados no amparados por el privilegio. “Esto es as铆 porque el privilegio no considera el hecho, sino la autoridad que inviste el imputado (personalidad)”.

Afirman que admitir el arrastre de los coimputados no privilegiados para ser juzgados en 煤nica instancia por la Suprema, implicar铆a para estos vulnerar su derecho a ser juzgados en un proceso de doble instancia, el cual le garantiza una justicia m谩s certera y mejor ponderada.

“En nuestro ordenamiento normativo no se verifica la existencia de disposici贸n constitucional o legal alguna que, previo a los hechos punibles que se atribuyen a los imputados en el presente proceso, autorice a esta alta corte a retener o a atraer a este fuero de jurisdicci贸n privilegiada, fundado en la conexidad o la indivisibilidad, el juzgamiento de dichos imputados, de forma que constituya a esta Suprema Corte de Justicia en su tribunal natural”, estableci贸.

Explic贸 que, de admitirse tal competencia, aun en ausencia de base legal, la Suprema se instituir铆a en un tribunal especial respecto a dichos imputados, prohibido por el art. 4 del C贸digo Procesal Penal, “quebrantando de modo inaceptable el derecho al juez natural que tienen los mismos”.




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