Jean Alain Rodriguez quiere impedir que se sepa que Reinaldo Pared aprobó 13 de 16 obras a Odebrecht

SANTO DOMINGO, R.D.- El juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, rechazó hoy una objeción presentada por el Ministerio Público, que se oponía a que los abogados de Andrés Bautista revelaran que durante la gestión de Reinaldo Pared Pérez, como presidente del Senado, se aprobaron 13 de los 16 contratos de obras asignadas a la Odebrecht.

El magistrado, al rechazar la objeción presentada por el fiscal Milicíades Guzmán, consideró que no hay ninguna norma que impida que en el curso de los debates se puedan mencionar a personas o situaciones como apoyo a una argumentación, siempre y cuando se haga con la debida responsabilidad.

El juez consideró que no se advirtió al tribunal que en contra del funcionario señalado se haya vertido una situación personal que pudiera implicar una imputación propiamente criminal o penal, sino que simplemente se han hechos comparaciones y datos.

Durante la audiencia, el consejo de defensa del imputado Bautista, ex presidente del Senado, consideró que durante la presidencia de Pared Pérez, en el senado se aprobaron préstamos por un valor de 3 mil millones de dólares para la construcción de obras por parte de Odebrecht.

De inmediato, el Ministerio Público presentó una objeción por ante el tribunal, pidiendo la exclusión de la presentación de los argumentos de la defensa del imputado, alegando que el presidente del Senado no está siendo procesado en el caso.


Durante la audiencia preliminar, Carlos Salcedo, defensor de Bautista, afirmó que las referidas aprobaciones para las construcciones de las obras que fueron asignadas a la compañía brasileña Odebrecht, entre 2010 al 2016 fueron en la presidencia del actual presidente de la cámara alta.

Asimismo, dijo que Pared Pérez aprobó más de tres mil millones de dólares, mientras que en el caso de Bautista fueron, según expuso, alrededor de 266 millones de dólares.

Desde hoy Bautista cuenta con cinco días para defenderse de las acusaciones que le imputa el Ministerio Público.



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