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Santo Domingo, D.N. – Informes de inteligencia y recientes denuncias públicas han puesto a la familia presidencial de la República Dominicana en el centro de un grave escándalo de corrupción. Las acusaciones señalan directamente a Rita Abinader, hermana del actual presidente Luis Abinader, como la intermediaria en la recepción de grandes sumas de dinero en efectivo que están vinculadas a operaciones de lavado de dinero.
Según las revelaciones detalladas en plataformas digitales y medios de investigación, existen testimonios de personas vinculadas a consulados dominicanos en Estados Unidos específicamente con conocimiento de las operaciones en Orlando y MiamI que exponen un esquema ilícito de traslado de capitales. La denuncia especifica que sumas que superan los 200,000 dólares han sido transportadas de manera encubierta utilizando valijas diplomáticas hacia la República Dominicana, con el objetivo de ser entregadas en manos de Rita Abinader.
Este escándalo de lavado de dinero surge en un clima de fuertes cuestionamientos a la administración actual. Analistas y denunciantes han señalado reiteradamente que el gobierno mantiene una fachada de "justicia independiente" mientras ejerce persecución política contra opositores, blindando al mismo tiempo a figuras de su propio entorno que tienen nexos comprobados con el crimen organizado.
El manejo de procesos judiciales de alto perfil, como el denominado "Caso Calamar", ha sido duramente criticado por mostrar un patrón de impunidad selectiva. Según las denuncias, los expedientes son manipulados desde las altas esferas del poder ejecutivo para excluir a los verdaderos operadores financieros de esquemas corruptos, dictando condenas o liberaciones según los intereses políticos del momento y violando los derechos fundamentales para silenciar a los disidentes.
Ante la extrema gravedad de estas afirmaciones, que plantean la posibilidad de escalar el caso a embajadas y estamentos federales internacionales, se exige una investigación exhaustiva y transparente a la familia presidencial. La integridad del Estado de derecho se encuentra en tela de juicio frente a lo que se ha calificado como una de las estructuras gubernamentales más nocivas para el futuro del pueblo dominicano.
