Santo Domingo.- Un explosivo y minucioso expediente de inteligencia ha sido depositado en el despacho de la embajadora de los Estados Unidos en República Dominicana, Leah Francis Campos, desnudando un presunto entramado de malversación sistémica, captura institucional y lazos persistentes con el régimen sancionado de Nicolás Maduro. El documento, al que ha tenido acceso esta redacción, señala directamente a la cúpula de la administración del presidente Luis Abinader, revelando cómo las dos instituciones financieras y energéticas más críticas del Estado han sido operadas como un botín personal y partidario.
El informe solicita la intervención urgente de agencias federales estadounidenses, incluyendo la OFAC, el FBI, FinCEN y el Departamento de Justicia, exponiendo un sofisticado modelo de corrupción centrado en la Refinería Dominicana de Petróleo S.A. (REFIDOMSA) y el Banco de Reservas (Banreservas). En el corazón de esta red operan Leonardo Aguilera Batista y Samuel Pereyra Rojas, quienes habrían convertido estas entidades en epicentros de enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y financiamiento clandestino del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM).
"El Gran Enroque" de la Impunidad
El reporte subraya que, ante las crecientes sospechas de desfalco, el gobierno dominicano apostó por el encubrimiento. Cuando comenzaron a surgir serios cuestionamientos sobre la administración de ambas entidades, el presidente Luis Abinader no ordenó investigaciones, sino que ejecutó un intercambio estratégico de posiciones en agosto de 2025.
Leonardo Aguilera pasó de dirigir REFIDOMSA a ocupar la presidencia ejecutiva de Banreservas, mientras que Samuel Pereyra hizo el movimiento inverso, asumiendo el control de la refinería. Según el expediente, este "silencioso reacomodo" fue milimétricamente diseñado para mantener intactas las estructuras de poder y blindar las prácticas ilícitas de ambos funcionarios ante cualquier escrutinio público o judicial.REFIDOMSA: Empresas Fantasma, la Sombra de PDVSA y un Festín Familiar
Durante el periodo de Leonardo Aguilera en REFIDOMSA (2020-2025), la institución energética operó presuntamente bajo graves violaciones a las normativas de contrataciones y evasión de sanciones internacionales:
La Trama Venezolana y Conflictos de Interés: En 2021, para recomprar el 49 % de las acciones de REFIDOMSA en poder de PDVSA y eludir las sanciones de EE. UU., Aguilera estructuró la transacción a través de PATSA, Ltd., una empresa fantasma en las Islas Vírgenes Británicas. Esta firma está vinculada a la familia Acebal y al Grupo Rizek, evidenciando un grave conflicto de intereses debido al dominio comercial de este grupo en el sector de hidrocarburos. Tras el acuerdo, se contrató a dos ex altos ejecutivos de PDVSA (Ramón Aníbal Uzcátegui y Rafael Antonio Chirinos Meléndez) como asesores pagados en dólares. 
Convictos en el Directorio y Sobrecostos: Aguilera reestructuró la junta directiva nombrando como vicepresidente a Miguel Vásquez Escoto, enjuiciado en el pasado por defraudar a ciudadanos chinos en un caso de tráfico de personas, quien inmediatamente instaló a su hijo con un salario de 180,000 dólares anuales. Simultáneamente, un contrato de 62 millones de dólares adjudicado a Geogas Trading S.A. para construir esferas de gas LP sufrió enmiendas injustificadas que elevaron su costo a más de 90 millones, financiados por Banreservas.
La Corte de Ana Pou: El nepotismo alcanzó niveles críticos con Ana Elizabeth Pou de Castro, gerente administrativa con poder absoluto. El informe detalla que cargó 290,366.98 dólares a cuentas corporativas en supermercados y tiendas de lujo, colocó a su hija de 21 años con un salario de 4,500 dólares y chofer militar, y finalmente abandonó la institución con una liquidación irregular de 3 millones de dólares, violando las leyes laborales.
Banreservas: El "Cajero" del PRM, Vínculos Españoles y Maletines de Efectivo
El paso de Samuel Pereyra por Banreservas, institución que concentra casi el 40 % de la banca nacional, es descrito como una maquinaria ilícita dedicada al financiamiento electoral, el despilfarro y la acumulación de bienes de lujo.
Compra de Votos y Dinero en Efectivo: El documento afirma que, a través de operadores como Luis Ricardo Miñoso Rojas, se desviaron recursos del banco para financiar movimientos políticos oficialistas y sobornar políticos. Se denuncia que, en la víspera de las elecciones del 18 de mayo de 2024, Miñoso Rojas y Juan Garrigó Mejía distribuyeron bolsas de efectivo para la compra de votos en barrios pobres; la lista exacta de receptores y montos ha sido entregada a la Embajada en un archivo Excel. Antes de salir del banco, Pereyra dilapidó 40 millones de pesos en una campaña de autopromoción personal.
El Avión Privado y los Hoteles: La fortuna del entorno de Pereyra creció exponencialmente, destacando el financiamiento estatal a proyectos hoteleros (Temptations) en Miches a favor de la familia de su esposa, Noelia García Mazara. Simultáneamente, el padre de su esposa apareció como beneficiario final en la adquisición de un jet privado Bombardier Challenger mediante la empresa offshore Sanal Global, Inc. en Delaware. La aeronave, utilizada por Pereyra y allegados presidenciales, levanta profundas alertas sobre lavado de activos.
La Conexión Española: Se exponen nexos financieros con el empresario español Dimas de Andrés Puyol y el exministro español José Bono, quien recibió la ciudadanía dominicana de manos de Abinader y está bajo la lupa de autoridades estadounidenses por presunta corrupción. A través de estas relaciones, se otorgaron concesiones de energía solar valoradas en más de 400 millones de dólares, apalancadas con garantías del Banreservas.
"Cronopolítica" y el Desfalco Multimillonario a la Salud Pública
El expediente denuncia una macabra estrategia gubernamental de "cronopolítica": acelerar decisiones por conveniencia electoral y enterrar escándalos de corrupción mediante el retraso judicial, invirtiendo las promesas de transparencia de la Marcha Verde.
El caso más dantesco revelado es el de SENASA (Seguro Nacional de Salud), donde se encubrió un fraude masivo que se calcula superó los 19,000 millones de pesos a través de facturación ficticia y sobornos del 30 %. A pesar de conocer el desvío, que enriqueció a consorcios como las empresas del Grupo Read con más de 7,110 millones de pesos (de los cuales retornaron millonarios sobornos al oficialismo), el gobierno postergó deliberadamente cualquier investigación contra el exdirector Santiago Hazim hasta después de las elecciones de 2024, sacrificando la salud de los más vulnerables por cálculo político.
58 Mil Millones, Desarme Ciudadano y la "Ley Mordaza"
Para sostener este entramado y evitar la crítica pública, la administración Abinader ha desplegado una colosal maquinaria de influencia mediática, asimetría de seguridad y coerción legal:
"Lo que comenzó como presión cívica contra el expresidente Danilo Medina se ha invertido. El retraso ahora ocurre donde se requiere escrutinio genuino. La aceleración ocurre donde se puede asegurar una ventaja discrecional."
El Cartel de la Propaganda: Desde septiembre de 2020, el gobierno central ha invertido más de 36,400 millones de pesos en publicidad gubernamental. Al sumar "ayudas directas" y favores económicos, la cifra supera los 58,000 millones de pesos, creando una infraestructura narrativa que premia a comunicadores leales y margina a las voces críticas.
Criminalización del Escrutinio: Para sellar la impunidad, el oficialismo impulsó el nuevo Código Penal (Ley 74-25), que entrará en vigor en agosto de 2026. Esta legislación, repudiada mediante "cacerolazos", endurece las penas por difamación e injuria en medios digitales, funcionando como una "ley mordaza" para criminalizar a periodistas y ciudadanos que expongan la corrupción gubernamental.
Asimetría de Seguridad: Mientras altos funcionarios se desplazan con escoltas militares de alto rango, el gobierno ha impuesto barreras burocráticas para desarmar a los ciudadanos respetuosos de la ley, dejándolos expuestos ante la criminalidad rampante y los puntos de drogas que operan abiertamente.
El documento concluye con una severa advertencia a Washington: permitir que estas redes comprometan el sistema energético y bancario convierte a la República Dominicana en una plataforma regional de evasión y blanqueo para el narco-socialismo venezolano, amenazando la estabilidad del Caribe y los intereses vitales de seguridad nacional de los Estados Unidos.
