SANTO DOMINGO.- En los últimos días, la República Dominicana ha sido sacudida por una serie de revelaciones y acciones políticas que han puesto en tela de juicio la integridad de figuras públicas prominentes. Entre ellas, la ex vocera de la Presidencia y más recientemente Ministra de Cultura, Milagros Germán, ha estado en el ojo del huracán debido a acusaciones de encubrimiento de crímenes durante la pandemia y de malversación de fondos públicos.
Durante su tiempo como vocera del presidente Luis Abinader, Milagros Germán fue acusada de haber participado en la censura de periodistas que intentaban reportar sobre las irregularidades y posibles crímenes cometidos en el manejo de la crisis sanitaria de la pandemia. Según informes, la comunicación oficial bajo su gestión se centró en controlar la narrativa pública, limitando el acceso a información que podría haber sido crítica para la transparencia y la rendición de cuentas. Estas acciones habrían contribuido a un encubrimiento de las verdaderas dimensiones de los problemas y de las responsabilidades administrativas durante la emergencia sanitaria.
Posteriormente, tras su designación como Ministra de Cultura, Germán enfrenta nuevas acusaciones, esta vez relacionadas con el uso indebido de fondos públicos a través de la publicidad estatal. Se ha evidenciado que utilizó estos recursos para beneficio personal o para realizar desfalcos significativos.
El 7 de enero de 2025, se ha anunciado la renuncia de Milagros Germán del Ministerio de Cultura. Sin el motivo de su renuncia, esta acción podría ser un intento de evadir las investigaciones o acciones legales relacionadas con las acusaciones mencionadas. La carta de renuncia, compartida por el vocero de la Presidencia, Homero Figueroa, fue publicada en redes sociales sin mencionar estos incidentes, enfocándose más bien en el agradecimiento por la confianza depositada en ella durante su gestión.
La justicia dominicana debe actuar con imparcialidad y exhaustividad para aclarar estos asuntos, y los ciudadanos tienen derecho a una explicación clara y transparente respecto a las conductas de sus funcionarios públicos.