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Someten a Gonzalo Castillo en el PEPCA por negarse a entregar documentos que revelarían desfalco multimillonario


El ex-aspirante presidencial Gonzalo Castillo Terrero fue sometido a la justicia el 26 de Junio del presente año mediante una querella por ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa por la Lic. Coralia Martínez.

La Lic. Coralia Martínez por intermedio de su abogado el Lic. Alejandro Alberto Paulino Vallejo procedió con el sometimiento porque Gonzalo Castillo Terrero le negó el derecho a conocer informaciones públicas cuando el mismo era Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones.

La abogada Coralia Martínez denunció en agosto del 2019 que está siendo víctima del poder por haber descubierto un desfalco de más de RD$1,000 millones de pesos que involucra a Gonzalo Castillo como ministro de Obras Públicas, al Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) y al Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (Codia). El fraude consiste en aprobar obras de bajo costo que no pagan impuestos, pero luego de tener la aprobación se procede a hacer proyectos que no son de bajo costo, algunos en sectores exclusivos como Naco y Bávaro, que incluyen torres de lujo, complejos residenciales de lujo con piscinas, gimnasios y parques de hasta 147 mil m2, plazas comerciales, con inversiones de hasta RD$1,000 millones de pesos en un solo proyecto. También involucra proyectos promovidos por el gobierno de Danilo Medina, como por ejemplo Ciduad Juan Bosch.


La querellante en fecha 10 de Junio del año 2019 había solicitado las siguientes informaciones al anterior Ministro de Obras Públicas:

“Listado de tasaciones de las construcciones a nivel nacional realizadas con la modalidad de fideicomisos amparados en la Ley No. 189-11, entiéndase Fideicomiso de bajo costo, de inversión inmobiliaria y de garantías, en la misma debe de especificarse el nombre del proyecto y del desarrollador, así como la fecha en que dichas tasaciones fueron emitidas con orden de pago de la tasa 2×1000 a favor del CODIA y los arbitrios a los ayuntamientos.”

No obstante a que su derecho de acceso a la información pública está consagrado en el artículo 49 de la Constitución de la República, así como en la Ley No. 200-04, el Lic. Gonzalo Castillo Terrero procedió a denegar las informaciones solicitadas, razón por la cual la querellante procedió a apoderar el pasado 9 de este mes de agosto a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa con una querella por denegación de información y abuso de autoridad.

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