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Leonel Fernandez ya sabia de las andanzas de los militares que EEUU señala por vínculos con el narcotráfico y el crimen organizado pero cuando fue presidente los defendió y los premió

SANTO DOMINGO, República Dominicana. - El presidente Leonel Fernández Reyna conocía de los problemas y malas artes en que andaban metidos los cuatro altos oficiales a los cuales el gobierno de Estados Unidos les despojó de sus visas, pero en vez de recriminarlos y sancionarlos, los defendió y premió con promociones.


En efecto, el guardaespaldas personal del presidente Leonel Fernández, Víctor Manuel Crispín Zorrilla; el jefe de ayudantes militares del presidente, general Héctor Belisario Medina y Medina, el asesor policial Rafael Guillermo Guzmán Fermín, y el director de Desarrollo Fronterizo, general Manuel de Jesús Florentino y Florentino, habían sido señalados por el gobierno de Estados Unidos, por organizaciones defensoras de los derechos humanos y por reportajes periodísticos de investigación como involucrados en tráfico de influencias, favoritismos y violaciones a los derechos humanos, sin que su jefe, el presidente Fernández, tomara ninguna medida de sanción o recriminación. Antes, por el contrario, los premió y promovió.

El influyente y afortunado Crispín

En el caso del guardaespaldas personal del presidente Leonel Fernández, Víctor Manuel Crispín Zorrilla, subdirector del Departamento Nacional de Investigaciones (DNI), es un hombre que siempre ha estado al lado o detrás del presidente Leonel Fernández, y que le acompaña desde los días en que el mandatario era un notable dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, aspirante a candidato, pero todavía sin el liderazgo que hoy posee. Siempre de rostro adusto, con gafas oscuras y sumamente discreto. En raras ocasiones se le ha visto sonreír en público.

Crispín Zorrilla fue denunciado por la periodista Nuria Piera, en marzo de 2011, como uno de los beneficiarios de un préstamo de 5 millones de pesos, por parte del Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (PROMIPYME), entidad que se supone debe financiar a los micro y pequeños empresarios, y no a los funcionarios.

En ese mismo reportaje se informaba que al mismo tiempo un hermano del guardaespaldas presidencial, de nombre Héctor Bienvenido Crispín Zorrilla, fue favorecido con un préstamo de RD$2.5 millones. A raíz de ese reportaje, que puso en tela de juicio al entonces director de PROMIPYME,  Francis Mejía, y que provocó su destitución, Crispín siguió en su cargo sin ningún inconveniente.

Pero el nombre de Víctor Manuel Crispín Zorrilla también fue mencionado cuando supuestamente se investigaban los vínculos del narcotraficante puertorriqueño José Figueroa Agosto con el DNI y otras instituciones militares y policiales en la República Dominicana, dado que cuando al boricua le fue entregado un carnet de oficial de ese organismo, ya el influyente guardaespaldas presidencial era el subdirector. No obstante, nunca fue incluido en el expediente, ni siquiera como testigo.

Las flores de Florentino y Florentino

Entre los dominicanos es popular un dicho que se expresa en relación con personas muy afortunadas, dichosas, a las que todo les sale bien en la vida: “Ese nació como la auyama….”

A propósito de ayuamas y flores, el nombre del director de Desarrollo Fronterizo, general Manuel de Jesús Florentino y Florentino, salió a relucir en  2005 y en 2008 cuando los embajadores Hans Hertell y Robert Fannin, respectivamente, advirtieron al presidente Leonel Fernández sobre el comportamiento de este oficial, y de otros comandantes militares, y la respuesta del gobernante dominicano fue para defender al alto mando militar.

Los afectados por el despojo de sus visas estadounidenses son el guardaespaldas personal del presidente Leonel Fernández, Víctor Manuel Crispín Zorrilla; el jefe de ayudantes militares del presidente, general Héctor Medina y Medina, el asesor policial Rafael Guillermo Guzmán Fermín y el director de Desarrollo Fronterizo, general Manuel de Jesús Florentino y Florentino.Según narra un cable de los divulgados por Wikileaks, la embajada norteamericana le expresó al presidente Fernández preocupación por los siguientes altos oficiales militares: Manuel de Jesús Florentino y Florentino, Pedro Peña Antonio, Héctor Medina Medina, Rafael Bencosme Candelier y José Muñoz Monción.

A esos oficiales el gobierno de Estados Unidos no los quería en cargos importantes en las instituciones militares u otras áreas del Estado dominicano.

“La embajada trajo a colación los problemas con el Departamento Nacional de Inteligencia  (DNI) bajo el liderazgo del general retirado Manuel de Jesús Florentino y Florentino y llevó a cabo una franca conversación sobre la competencia e  integridad de Florentino, así como informaciones que vinculan a Florentino con Paulino (Quirino Ernesto Paulino Castillo, el narcotraficante).  El Presidente (Leonel Fernández) señaló que durante su primer mandato, Florentino había sido Secretario de las Fuerzas Armadas y que había encabezado la guardia presidencial también.  Fernández lo consideraba un oficial serio y correcto  y dijo que no le conocía asociación a Florentino con el narcotráfico.  El Presidente pareció aceptar los argumentos de la Embajada, sin embargo, estuvo de acuerdo en sacar a Florentino pronto, en un momento menos volátil políticamente, y pidió consejo de la Embajada sobre su reemplazo”.

«Fernández dijo que se sobreentiende que los militares de alto rango a menudo toman el 10% de los recursos que pasan por sus manos como “comisión”, añadiendo que las fuerzas armadas es una institución corrupta.  Dijo que si se movía demasiado rápido cancelando a los oficiales corruptos, su propia posición estaría en peligro”

Asimismo, señala: “El Mayor General Florentino Florentino, un individuo sobre el cual la Misión (la embajada de EE.UU) tiene  gran preocupación en cuanto a la actividad ilegal, fue nombrado jefe de la Dirección de  Desarrollo Fronterizo,donde las oportunidades para la corrupción relacionada con la frontera haitiana son significativas”.

El general Florentino y Florentino también fue favorecido con un préstamo de RD$5 millones en la fiesta que Francis Mejía tenía en el PROMIPYME al momento de ser cancelado.

Medina y Medina, un general del anillo

Pero si afortunados han sido Crispín Zorrilla y Florentino y Florentino, igual o mejor suerte ha corrido el jefe de ayudantes militares del presidente Leonel Fernández, el general Héctor Belisario Medina y Medina.

Sobre él, en los cables de la Embajada de EE.UU se hacía la siguiente referencia:

“La Misión mantiene su preocupación en cuanto a los servicios de seguridad: el Presidente confirmó a Medina Medina en su actual posición como Jefe del Cuerpo de Ayudantes Militares (CAM), donde él continuará teniendo una poderosa influencia sobre las decisiones militares del Presidente (particularmente en lo que concierne al personal).

Nada ocurrió con Medina y Medina, quien sigue siendo uno de los militares más poderosos, y con quien es necesario contar a la hora de obtener ascensos y traslados favorables en las filas de las Fuerzas Armadas.

Pero, además, en la página de la Contraloría General de la República (http://www.contraloria.gov.do) este general aparece en por lo menos 5 nóminas de entidades del Estado: Ministerio Administrativo de la Presidencia, con la cuenta 13700; en el Ministerio de las Fuerzas Armadas, con la cuenta 13500, y tres veces en el Ejército Nacional con cuentas distintas, la 11100, la 13200 y la 13500 (esta última coincide con el número de cuenta que tiene asignado en el Ministerio de las Fuerzas Armadas). En la página de la Contraloría no se especifica el tipo de labor que desempeña Medina y Medina ni el monto de sus sueldos. Lo que sí indica es que esos datos fueron actualizados en enero de 2012.

Guzmán Fermín, imaginación de novelista

El ahora asesor policial del presidente Leonel Fernández, y ex jefe de la Policía Nacional, general Rafael Guillermo Guzmán Fermín, ha sido un hombre protegido y favorecido por el presidente Leonel Fernández.

El general Guzmán Fermín saltó a la notoriedad cuando fue nombrado jefe del comando regional Nordeste de la Policía Nacional, en San Francisco de Macorís. En esta ciudad se hizo notar porque tenía a sus órdenes a un grupo de policías que el pueblo bautizó como los “cirujanos”, debido a que se “especializaron” en disparar a las rodillas de los ciudadanos para que se desangraran hasta morir o dejarlos con lesiones permanentes, la mayoría sin poder volver a caminar.

Posteriormente, en agosto 2007, el presidente Leonel Fernández lo nombró jefe de la Policía Nacional, cargo que ocupó hasta agosto de 2010, cuando fue sustituido por el actual jefe, José A. Polanco Gómez.

Además de los cientos de homicidios cometidos por la PN durante su jefatura, en los “intercambios” de disparos, su gestión volvió a hacer uso de las torturas como método primitivo para arrancar confesiones a los detenidos. Decenas de denuncias fueron registradas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por Amnistía Internacional, y otros organismos.

Pero los acontecimientos que pusieron de manifiesto la capacidad de inventiva de Guzmán Fermín fueron los relacionados con el supuesto secuestro del joven Eduardo Baldera Gómez. Baldera Gómez, residente en Nagua, a mediados de 2009. Al unísono con el anuncio de supuesto secuestro, la jefatura de la PN encabezó  una cacería de dirigentes de grupos populares y de la izquierda marxista, que dio lugar a la muerte de dos hombres, al secuestro y desaparición de un tercero, y a apresamientos arbitrarios y torturas de varias personas más, a los cuales la Policía Nacional acusó de estar vinculados a grupos revolucionarios radicales.

La forma en que concluyó el supuesto secuestro, con el “secuestrado” escapando luego de abrir las esposas con un “palito”,  más la muerte de dos hombres a manos de la Policía Nacional, a pesar de que habían sido previamente apresados, generó muchas dudas en la opinión pública.

A raíz de la muerte de Cecilio Díaz (alias Manuel) y Willian de Jesús Batista Checo, que fueron apresados y asesinados de manera fría por agentes policiales, además del secuestro y desaparición de Juan Almonte Herrera, la PN siguió perdiendo credibilidad porque el entonces jefe policial, general Rafael Guillermo Guzmán Fermín, se inventó un tiroteo que habría ocurrido la madrugada del 11 de octubre de 2009, en el cual habría sido muertos los dos primeros hombres en un supuesto “intercambio de disparos”.


Pronto la mentira del general Guzmán Fermín quedaría al descubierto cuando se presentaron fotografías y vídeos que mostraban a los dos hombres,  en lugares y en momentos distintos, detenidos y bajo control de los agentes policiales, lo que evidenció que fueron fríamente asesinados.

Ante el escándalo, las autoridades del Ministerio Público se vieron obligadas a integrar una comisión para investigar el caso. La comisión, dirigida por el procurador adjunto Ramón Arístides Madera Arias, determinó que Díaz y Batista Checo no pudieron batirse a tiros con la patrulla que los tenía bajo custodia, porque estaban esposados.

La patrulla policial asesina estuvo integrada por el teniente coronel Alberto Trejo Pérez, los mayores Jesús Rafael Tejada y Franklin E. Santana Martínez, además de los segundos tenientes José Luis Peralta Valentín y Catalino de Jesús Pérez.

La investigación confirmó que Díaz fue apresado por el alcalde pedáneo de la sección Sabana Cruz, de Villa Vásquez y entregado vivo al capitán de la Policía Nacional Inocencio Rivas, y que Batista Checo fue detenido por Pedro María Cruel, alcalde pedáneo de la sección Los Conucos, del mismo municipio, y entregado al alférez de fragata (segundo teniente) Ramirito Dumé Nina, de la Marina de Guerra.

La comisión concluyó que oficiales y sus subalternos mataron a los dos hombres, violando la ley, y luego trataron de simular un intercambio de disparos que nunca ocurrió, mentira que contó con el aval del general Guzmán Fermín.

“La gran cantidad de disparos que les infirieron a ambos (a Díaz unos 7 balazos y a Batista Checo 4, incluyendo con fusil cañón corto), así como por la trayectoria de los mismos, hace presumir que no se produjo el citado enfrentamiento a tiros y que existió la intención de matarlos”, indicaba el informe.

En el caso de Juan Almonte, desaparecido, no se ha determinado su paradero ni hay ninguna persona presa o bajo investigación, y sus familiares, auxiliados por activistas de los derechos humanos, han llevado el caso ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, con asiento en Costa Rica.

Además de las mentiras y las brutalidades empleadas  por la PN en el caso del supuesto secuestro, dos hechos vinieron a echar dudas sobre la familia Baldera Gómez:

La Supertendencia de Bancos cerró en el mes de noviembre de 2009 las casas de cambio propiedad de Francisco Baldera, padre de Eduardo Baldera Gómez, por carecer de autorización. Las casas de cambio operaban en Nagua y en Samaná.

Posteriormente, en enero de 2012, dos hermanas del “secuestrado” Eduardo Baldera Gómez, Carmen Yanelfi  y Yadelkis Altagracia Baldera  Gómez, fueron apresadas en el Aeropuerto las Américas, procedentes de Nueva York con la suma de 58 mil 57 dólares, dinero que no declararon y que sobrepasa el límite de los US$10 mil que permiten las leyes dominicanas a los viajeros. El dinero les fue confiscado por las autoridades de la Aduanas.

Pero el presidente Leonel Fernández han mantenido bajo su amparo al general Rafael Guillermo Guzmán Fermín.

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