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Procuradora no da señales fue un ciudadano quien llevo 189 carpetas a la fiscalía a ver si investigan a Gonzalo ; Todas las denuncias de corrupción las esta realizando la sociedad civil el ministerio publico no esta actuando con independencia y eficacia

El presidente del Movimiento Ético Moral, Antonio Díaz Paulino, fue que deposito la mañana de este miércoles 189 carpetas con expedientes de contratos realizados durante los siete años de gestión de Gonzalo Castillo en el Ministerio de Obras Públicas (MOPC) para que sean investigado ante la Procuraduría General de la República (PGR), por supuestas irregularidades.

A Castillo se le acusa de supuestamente manejar de forma irregular unos RD$239,000 millones en siete años de gestión.

Díaz Paulino señaló que solicitó en el Departamento de Libre Acceso a la Información la entrega de los contratos realizados por Gonzalo Castillo cuando estuvo al frente del MOPC, y que le realizaron una auditoría a los mismos con expertos en transparencia, donde encontraron ciertas irregularidades, por lo que solicitaron una investigación más amplia ante el MP.

“Hay obras en San Francisco de Macorís que se dice que hubo un contrato de RD$20 millones, pero que la obra no existe”, explicó Díaz.

El presidente del movimiento, quien también fue alcalde de San Francisco de Macorís, consideró importante que el Ministerio Público se aboque a evaluar y valorar los documentos, ya que a través del análisis hecho por los técnicos del Movimiento Ético Moral, se pudieron evidenciar varias irregularidades que podrían tener implicaciones penales.

“Los expedientes depositados ante la secretaría de la PGR están acompañados de informes donde se detallan algunas irregularidades detectadas durante los siete años de administración de Gonzalo Castillo en el Ministerio de Obras públicas”, según explicó Antonio Díaz Paulino.

Entre las irregularidades encontradas en la institución, según Díaz, se encontró un contrato con la empresa Ecocisa, la cual se concertó para la adquisición de hormigón asfáltico caliente por un monto de RD$88 millones y luego se le hizo una adenda de RD$300 millones de pesos, lo que constituye una violación a la ley.