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(VIDEO) Sicario de Figueroa Agosto antes de ser asesinado por la policía dijo: "alguien tiene que hacerse cargo de la verdad en este país" tras denunciar que el actual jefe de la policía supuestamente lo extorsiono con 30 millones de pesos

SANTO DOMINGO.- Sicario de Figueroa Agosto identificado como "JOB" antes de ser asesinado por la policía nacional en el año 2015, dijo frente a los medios de comunicación que estaban planificando su muerte si no aceptaba una supuesta extorsión de 30 millones de pesos para que aceptara unas imputaciones de asesinatos que dijo no cometer y antes de finalizar su denuncia expreso  "alguien tiene que hacerse cargo de la verdad en este país".

Entre los oficiales de la policía que involucro ante los medios de la supuesta extorsión que denuncio "JOB", esta el actual director de la policía Ney Aldrin Bautista, la denuncia no tuvo trascendencia y nunca fue investigada por tratarse de un sicario de la red de Figueroa Agosto. A CONTINUACIÓN VIDEO: 

HISTORIAL DEL ACTUAL DIRECTOR DE LA POLICÍA


Ney Aldrin fue uno de los oficiales sancionados por varios delitos cometidos por miembros de esa institución durante un allanamiento irregular en Sosúa, donde en el 2012 fue asesinado un ciudadano alemán, hirieron a un haitiano y desaparecieron más de 60 millones de pesos.

El general Ney Aldrin Bautista Almonte quien fue designado por un decreto presidencial como nuevo jerarca de la Policía Nacional, era el jefe de la Dirección de Investigaciones Delictivas (DITEL) cuando el 17 de octubre de 2012 se produjo un cuestionado allanamiento a varias residencias en la urbanización La Mulata III del municipio de Sosúa.

En dicho allanamiento, tropas policiales irrumpieron ilegalmente a una villa matando a tiros al germano Peter Ebert Demetrick, hiriendo de gravedad al haitiano Rigaud Frere además de desaparecer tres cajas fuertes “con más de 60 millones de pesos, joyas y otros objetos valiosos”.
Asimismo, el 5 de agosto del 2013 la jefatura de la Policía Nacional confirmó la sanción a tres generales por dicho allanamiento irregular acontecido en Sosúa, Puerto Plata y detallaba que los generales Ney Aldrin Bautista, Máximo Báez Aybar y Pablo Almonte Morales fueron sancionados y amonestados por su innegable negligencia en el caso.

En el cuestionado incidente participaron 17 miembros de la Policía Nacional, incluyendo tres generales de brigada y dos coroneles los cuales fueron sancionados por la “desaparición” de tres cajas fuertes que contenían prendas y dinero en efectivo con un valor de 60 millones de pesos.

Hasta la hora presente solo se supo que las cajas fuertes “desaparecieron” durante el allanamiento efectuado por agentes de la Policía Nacional en el Proyecto Habitacional La Mulata III de Sosúa, durante la jefatura del mayor general José Armando Polanco Gómez, pero irónicamente las investigaciones sobre el hecho fueron realizadas en la jefatura policial que presidió el mayor general Manuel Castro Castillo.

Se precisó que las investigaciones habrían sido realizadas por una comisión de oficiales encabezada por el entonces Inspector General de la Policía Nacional, general de brigada Frener Bello Arias, que interrogó a unos 25 miembros de esa institución entre ellos a los generales Ney Aldrin Bautista Almonte, Pablo Roberto Almonte Morales y Máximo Báez Aybar, quienes eran directores de Inteligencia Delictiva, Regional Norte e Investigaciones Criminales, respectivamente, al momento de producirse la “desaparición” de las tres cajas fuertes.

La información dada a conocer en ese momento, declaró que las investigaciones revelaron que el general Ney Aldrin Bautista Almonte fue enterado por el capitán Gersón Acosta Polanco respecto a la desaparición de las cajas fuertes con la alegada suma, pero que en vez de ocuparse personalmente del asunto dicho general sólo se limitó a ordenar que se investigara a pesar de que fueron emitidas dos órdenes de arresto contra los coroneles Roberto Salcedo Santos y Raymundo de La Rosa Ogando (El Cigarrú).

NEY DESVINCULO A CESAR EL ABUSADOR DEL ATENTADO CONTRA DAVID ORTIZ.

Agentes de inteligencia revelaron que David Ortiz tenía problemas con el jefe del narcotráfico, pero las autoridades dominicanas omitian relacion con Cesar el abusador mientras que la prensa de Estados Unidos si daba por hecho. David Ortiz y César el Abusador vivieron en la misma torre de apartamentos.

Durante una entrevista con el periodista dominicano radicado en Estados Unidos, Tony Dandrade, quien trabaja para la cadena Univisión, David Ortiz reveló que él era un ídolo para César Emilio Peralta (El Abusador), razón por la que duda que este quisiera hacerle daño. No ve razones para éste quisiera hacerle daño, y menos matarlo.

Esto afirmo Ney Aldrin Bautista en rueda de prensa: “El objeto del ataque que sufrió David Ortiz no era él, sino un amigo suyo que frecuenta el bar Dial, donde sucedió el hecho, y quien compartió con el expelotero esa noche. El objetivo era Sixto David Fernández, y según la investigación, el autor intelectual del atentado era Víctor Hugo Gómez Vásquez, con quien Fernández había tenido un incidente, y el cual le había enviado mensajes amenazantes”.

Fue captado en cámara momento que Cesar el abusador protegido por las autoridades va a clínica donde estaba David Ortiz recién tiroteado: 

INFORME DEPARTAMENTO DE ESTADO DE EEUU

El reporte del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre los derechos humanos señala que a pesar de que las leyes dominicanas establecen un poder judicial independiente; el gobierno dominicano no respeta la independencia judicial y la imparcialidad.

Además, acusa al gobierno de ejercer de manera generalizada una influencia inadecuada en las decisiones judiciales.

El informe publicado este miércoles 11 de marzo señala además que “la interferencia varió desde el enjuiciamiento selectivo hasta el despido de casos en medio de acusaciones de soborno o presión política indebida”.

Añade que “el poder judicial desestimó rutinariamente los casos de corrupción de alto nivel. La corrupción del poder judicial era un problema grave. El informe indica “que la forma más frecuente de interferencia con las órdenes judiciales se produjo cuando las autoridades se negaron a cumplir con los recursos de hábeas corpus para liberar a los detenidos”.

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